Los inversores privados huyen del país a medida que crece la presión aplastante del sector público. La política económica de Xi Jinping apunta a un mayor protagonismo de las empresas estatales, el recrudecimiento de los controles de capitales y el descontrol de las finanzas públicas.
El “giro” en el modelo económico de China, impulsado y dirigido por el dictador Xi Jinping, arroja cada vez más dudas en torno al dinamismo que observó el país en las últimas dos décadas y a la continuidad del milagro económico conducido por las reformas de Deng Xiaoping. La apertura hacia una economía de mercado parece encontrar importantes trabas en el actual liderazgo del Partido Comunista.
La inversión del sector privado reacciona en consecuencia, y muestra cada vez más reticencia para permanecer en el país. Recientemente el grupo de inversión global Prosus NV anunció que se desprenderá de hasta 4.000 millones de dólares en inversiones sobre Tencent Holdings Limited, una de las principales empresas tecnológicas subsidiarias que operan en China.
Se trata de la decisión de una de las firmas que más apostó por el proceso de transformación y capitalización de la economía china desde mediados de la década de 1980, pero que ahora muestra escepticismo frente al liderazgo de Xi Jinping al frente de la dictadura. La continuidad de la apertura de mercado ya no es creíble, e incluso se prevé una reversión parcial en el proceso.
En el mismo sentido y bajo el mismo diagnóstico, el conglomerado multinacional japonés SoftBank Group anunció su rápida retirada sobre el total de sus inversiones en Alibaba Group Holding, un consorcio privado chino dedicado al e-commerce y a las cadenas de pagos en línea.
La empresa ya había anticipado un plan de desinversión general en el rubro tecnológico de China a mediados del 2022, y el rumbo se ve ratificado por los anuncios del régimen. El Gobierno de Xi Jinping anunció que la “nueva era” del país dará una mayor prioridad al control estatal de la producción tecnológica y al cierre con respecto a los capitales internacionales.
Asimismo, el volúmen de inversión extranjera “Greenfield” en China se redujo hasta a la mitad entre 2019 y 2022. Los proyectos Greenfield son un tipo de inversión extranjera directa (IED) en donde un inversor no residente construye desde cero instalaciones para llevar a cabo un proyecto propio o subsidiario con socios, en un país extranjero. Estos proyectos fueron particularmente importantes en la primera fase de apertura china, pero ahora pierden cada vez más relevancia.
El recrudecimiento de los controles al ingreso y a la entrada de capitalesdesalientan activamente el asentamiento de inversores extranjeros, muchos de los cuales denunciaron el virtual “congelamiento” de sus fondos.
Esto atenta, además, contra una eventual “hegemonía del Yuan a nivel internacional” y su nivel de competitividad frente al dólar. Si China se niega a flexibilizar las regulaciones a su cuenta capital y financiera, el reemplazo al dólar estadounidense como medio de pago internacional parece algo casi completamente imposible.
La posición fiscal del país tampoco ayuda a generar certidumbre. Hacia la primavera del año pasado, el régimen anunció que la expansión premeditada del consumo público y el déficit fiscal serán componentes fundamentales para “favorecer la reactivación de la actividad”. Pero el dinamismo del PBI es el más bajo de los últimos 50 años, y el tamaño del Estado en la economía volvió a los niveles previos a la reforma de 1978.
