Javier Milei ha encontrado una vez más un muro en el Congreso argentino. Este miércoles, la oposición en Diputados tumbó con una amplia mayoría de votos un decreto con su firma que aumentó en 100.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares al cambio oficial) el dinero destinado a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La votación, que debe ser refrendada por el Senado para la anulación definitiva del decreto, es un durísimo golpe para el Gobierno ultraderechista, que en medio del “mayor ajuste fiscal de la historia de la humanidad”, como celebra Milei, ha destinado a la seguridad partidas extraordinarias de fondos. El rechazo muestra también las grietas que ya exhibe la alianza parlamentaria entre Milei y el expresidente Mauricio Macri (2025-2019). Cansado de que el ultra no abra espacios en la Administración, Macri ha comenzado a tomar distancia. Sus diputados votaron en contra del decreto junto con la oposición peronista y fueron claves para dar el quorum necesario para el inicio de la sesión parlamentaria.
Los servicios de Inteligencia han merecido especial atención desde el inicio de la gestión de Milei. En su modelo ideal de Gobierno hay un Estado mínimo que se desentiende de sus obligaciones en educación, salud y ayuda social y concentra todos sus esfuerzos en seguridad interior y Defensa. Además de negar las atrocidades de la última dictadura, el presidente ha invertido parte del presupuesto en armamento y subidas de salarios en las Fuerzas Armadas. El 16 de julio pasado, avanzó sobre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), una herencia de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Milei disolvió la AFI y la reemplazó por una estructura de cuatro oficinas que responden directamente al presidente y se llama SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), el nombre que los servicios secretos fundados en 1946 llevaron hasta 2015. El argumento de la Casa Rosada fue que la AFI fue “utilizada para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”. Al mismo tiempo, otro decreto otorgaba a la nueva Side una partida extraordinaria de 100 millones de dólares en concepto de “gastos reservados”, es decir dinero que puede ser utilizado sin rendir cuentas.
