Después de nueve meses de investigación, la Fiscalía chilena ha pedido este miércoles la prisión preventiva, ante la jueza Mariana Leyton del Cuarto juzgado de garantía de Santiago, del influyente penalista Luis Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, protagonistas del Caso audios. El escándalo estalló en noviembre de 2023, cuando la grabación de una reunión privada realizada en junio de ese año fue revelada por el medio de comunicación Ciper Chile: en ella se les escucha hablar, junto al excliente de ambos, el empresario Daniel Sauer –detenido desde abril en la singular cárcel Capitán Yáber por otra causa relacionada–, de pagos a funcionarios públicos. Finalmente, Hermosilla y Villalobos han sido formalizados por el Ministerio Público, es decir, le ha comunicado la indagatoria en su contra por soborno, lavado de activosy delitos tributarios.
El escándalo, que ha mantenido a Chile atento en todo este periodo, explotó la tarde del 14 de noviembre con la publicación de Ciper Chile del artículo “Aquí estamos haciendo una huevá que es delito”: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”. Entonces Sauer, dueño del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, era investigado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y Villalobos, en ese tiempo una desconocida abogada, era quien, junto al penalista, asesoraba al empresario. En abril pasado, con la Fiscalía encima, ella confesó ser la autora de la grabación. Sauer está en prisión preventiva junto a su hermano Ariel, y exsocio de ambos Rodrigo Topelberg, en el marco de otra investigación ligada a la causa judicial del audio: el caso Factop.
En la audiencia de este miércoles también ha sido formalizado el profesor de historia y geografía, y exfuncionario de varias reparticiones de distintos gobiernos durante diez años, Luis Angulo, marido de Leonarda Villalobos por lavado de activos y delitos tributarios. En el caso de ambos, la Fiscalía detalló que había flujos de dinero, por presunto blanqueo, de casi 25.000 millones de pesos (unos 27.000 dólares).
De acuerdo con la indagatoria –en la que se querelló el Servicio de Impuestos Internos– a Hermosilla se le imputa haber presentado declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas, es decir, entregar información de ingresos menores a los que percibió, provocando un perjuicio fiscal de 800 millones de pesos (cerca de 900.000 dólares). En el caso de Villalobos, la investigación le imputa la evasión de 200 millones de pesos (unos 229.000 dólares).
A Villalobos y a Hermosilla además se les suma el cargo por soborno a dos funcionarios públicos, en contra de quienes la jueza determinó su arresto domiciliario total y arraigo nacional. Esto, porque a medida que fue avanzando la indagatoria, liderada por la jefa de la Fiscalía regional oriente Lorena Parra y los persecutores Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana, surgieron más involucrados en la trama. De ahí que fueran formalizados por cohecho Renato Robles, ejecutivo de cobros de la Tesorería General de la República y Patricio Mejías, quien trabajaba en el Servicio de Impuestos Internos (SII). A ambos se les imputa haber entregado información confidencial a Villalobos a cambio de dinero, que ella les depositaba en su cuentas bancarias, relativos a diversos casos en los que tenía interés tanto como abogada y porque ella y Angulo eran parte de varias sociedades. Al primero le pagó poco más de 1.500.000 pesos (unos 1.635 dólares) y, al segundo, más de 13.000.000 pesos repartidos en 17 transacciones (unos 14.700 dólares).
En el caso de Hermosilla, el Ministerio Público le imputó soborno pues ha dicho que estaba en conocimiento de las gestiones de Villalobos respecto de los pagos a los funcionarios públicos, y anunció en la audiencia que la formalizción por ese delito también ha alcanzado a Daniel Sauer.
Además, según detalló la fiscal Lorena Parra, “Leonarda Villalobos, Luis Angulo y Luis Hermosilla, con pleno conocimiento que el dinero de Factop y STF Capital provenía directamente de actividades ilícitas, recibieron abultadas sumas de dinero desde las empresas controladas por Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg. Dichos fondos fueron usados con ánimo de lucro girando cheques a fecha sin justificación simulando ser productos de operaciones comerciales, para solventar así sus altos costos de vida”.
Entre esos altos costos de vida, por ejemplo, se reveló que Villalobos, de 53 años y quien obtuvo su título de abogada en el año 2021, compró tres automóviles marca BMW nuevos, entre 2020 y 2024. Se agregan millonarias compras en tiendas de lujo, de ropa y joyas.
Para el Ministerio Público, uno de los móviles de los tres principales imputados, Hermosilla, Villalobos y Anguilo, era mantener “un alto costo de vida”.
